a la exigencia imperiosa de afianzar la paz en el porvenir, para poner un
término a las convulsiones intestinas y a todas las calamidades con que la
guerra ha afligido a nuestra sociedad.
El ejemplo necesario de la aplicación de la ley a los que ocuparon
el primer grado entre los más culpables, ha permitido usar de grande
clemencia con todos los demás. La República ha perdonado, en cuanto
era posible, a sus malos hijos y ha sido magnánima con los que de fuera
vinieron a cubrirla de sangre y desolación.
Han podido ver los calumniadores de la República que, a medida
que los efectos de la intervención cesaban en cada lugar, se restablecían
allí desde luego el orden público y la obediencia a las leyes. Al mismo
tiempo que el pueblo ha vuelto a disfrutar de la libertad de sus
instituciones, ha comenzado a gozar también de los beneficios de la paz.
Restablecida en todo el territorio la acción del gobierno nacional,
ha empleado los medios que estaban en su mano y el tiempo de que ha
podido disponer para reorganizar todos los ramos de la administración.
Aunque revestido de facultades discrecionales, ha obrado siempre
conforme al espíritu de nuestras instituciones. Se ha ocupado
preferentemente de los, asuntos federales, dejando expedita la acción de
los funcionarios de los estados, para que atendiesen a los asuntos
particulares de los mismos.
Cumpliendo el gobierno con su más sagrado deber, convocó al
pueblo a fin de que eligiese sus mandatarios, para los poderes federales y
de los estados. Señaló el más breve término posible, para que el pueblo
designase sin dilación a quienes quisiera confiar sus destinos. No se ha
puesto por el gobierno ningún embarazo para que en las elecciones, en la
prensa y en todos los actos de carácter político, se haya disfrutado de la
más amplia libertad.
Se han dictado las disposiciones necesarias para la organización de
los tribunales y la buena administración de justicia. Deseando amparar en
lo justo muchos intereses privados, se revalidaron, con reglas equitativas,
los actos ejercidos ante funcionarios de la intervención, que no tuvieron
ninguna autoridad legítima.